- El exalcalde del PP Daniel Ortiz firmo en 2014 la adjudicación por 73 millones de euros. El contrato, uno de los de mayor cuantía de la historia del municipio, está investigado dentro de la trama corrupta Púnica. La investigación por presuntas mordidas en la adjudicación, llevó a la imputación y procesamiento del exalcalde del PP.
La Junta de Gobierno Local de Móstoles ha aprobado hoy iniciar un expediente de liquidación a la empresa Cofely por 6.255.105,24 € por los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento.
Pese a que el objeto del contrato de 12 años de duración era conseguir un ahorro energético y económico relevante manteniendo, e incluso mejorando si era posible, las condiciones de habitabilidad, seguridad y confort de los edificios municipales, la empresa lo incumplió de forma “flagrante y reiterada” pese a los continuos requerimientos e imposición de penalidades. Así lo señala el informe técnico realizado por la Concejalía de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos tras una auditoría y peritaje externo, que asegura que, Cofely recaudó importantes beneficios sin realizar ninguna de las mejoras e inversiones recogidas en su oferta.
El documento señala, entre otras cuestiones, que no optimizó la potencia de los suministros eléctricos; instaló baterías de condensadores en algunos centros sin ni siquiera conectarlos a la red, las cinco instalaciones fotovoltaicas del Ayuntamiento no han funcionado nunca adecuadamente, no dimensionó bien las plantillas para las labores encomendadas ni llevó a cabo el mantenimiento preventivo acordado.
El Gobierno del exalcalde del PP Daniel Ortiz firmó en 2014 este contrato, uno de las mayores de la historia del municipio de Móstoles, por más de 73 millones de euros, con la empresa Cofely, investigada dentro de la trama corrupta Púnica. Esta investigación sobre presuntas mordidas en la adjudicación, llevó a la imputación y procesamiento del exalcalde Daniel Ortiz por, entre otros delitos, fraude contra la Administración Pública, tráfico de influencias y cohecho. El Ejecutivo Local, formado por PSOE y Podemos, rescindió el contrato el 4 de junio de 2020.
“No podemos permitir que la adjudicación de Cofely, uno de los episodios más oscuros y escandalosos de la gestión del PP en esta ciudad, siga costando dinero al Ayuntamiento de Móstoles- asegura la Alcaldesa, Noelia Posse-. Vamos a reclamar hasta el último céntimo de los más de 6 millones de euros en daños y perjuicios que ha provocado en las arcas públicas. El PP miró hacia otro lado durante años, permitiendo que esta empresa se lucrase con el dinero de nuestras vecinas y vecinos”.
Para hacer frente a los daños y perjuicios causados, el Ayuntamiento de Móstoles retendrá la garantía definitiva entregada por la empresa, cuyo importe es de 3.022.455,98 €, y exigirá a Cofely por la vía administrativa el resto del dinero.
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