En el Instituto de Educación Secundaria Antonio Gala de Móstoles, se encuentran en medio de una investigación, a raíz de unas graves acusaciones de agresiones sexuales a tres alumnas, presuntamente llevadas a cabo por un estudiante del mismo centro. Este incidente ha provocado una oleada de preocupación entre la comunidad educativa y ha abierto un amplio debate sobre la seguridad en los institutos.
El incidente y las acusaciones
Las denuncias provienen de tres familias, que han revelado que sus hijas de 14 años fueron víctimas de agresiones sexuales en las instalaciones del instituto. Según los informes, el presunto agresor es un alumno del mismo centro de tan solo 13 años. Este chico ha sido separado del instituto y se le ha abierto un expediente disciplinario, a la espera de los resultados de la investigación.
El desgarrador relato
Una de las madres afectadas compartió la experiencia de su hija, explicando que fue atacada el 13 de junio en uno de los baños del instituto. La menor no denunció inicialmente el incidente por temor al presunto agresor. Según la denuncia presentada, la menor fue perseguida hasta el baño por el acusado, quien luego abusó de ella y la amenazó para mantener el incidente en silencio.
La revelación y las acciones inmediatas
Fue el 16 de junio cuando la estudiante, después de un nuevo encuentro con el agresor que le provocó un ataque de ansiedad, confesó el incidente a una profesora. La escuela luego se enteró de casos similares con otras dos estudiantes. Tras la revelación, se notificó a las autoridades, y tanto la Policía Nacional como la Municipal se involucraron en el caso. Las menores fueron trasladadas al Hospital Universitario de Móstoles para recibir atención médica y se realizaron análisis para posibles contagios de enfermedades de transmisión sexual.
La investigación y las medidas adoptadas
Actualmente, el caso está siendo investigado tanto por la Consejería de Educación como por las autoridades policiales. Se ha confirmado que se han tomado medidas desde que se tuvo conocimiento de los hechos, y las familias afectadas han sido redirigidas a la Consejería de Asuntos Sociales para recibir apoyo psicológico y la ayuda necesaria. Además, se ha abierto un expediente disciplinario al estudiante acusado, quien ha sido apartado del instituto mientras dure la investigación.
El hecho de que estas jóvenes hayan encontrado el coraje para hablar, y que el instituto y las autoridades estén tomando medidas al respecto, es un paso positivo para garantizar que se haga justicia y prevenir futuros incidentes. Este caso subraya la importancia de tener protocolos claros y efectivos para lidiar con tales situaciones y la necesidad de educar a los estudiantes sobre el consentimiento y el respeto.
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