Ángel Ron, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron respondió este lunes al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha propuesto llevarle a juicio, junto a otros doce directivos y a la consultora PwC, por delitos de estafa a inversores y falsedad contable relacionados con la ampliación de capital de 2016.
En un escrito enviado a los medios de comunicación, Ron defendió su trabajo al frente de la entidad, criticó el auto de transformación por considerar que contradice la realidad de los hechos y anunció su intención de recurrir basándose en pruebas “demoledoras” que, a su juicio, desmontan la tesis del instructor y revelan las verdaderas causas detrás de la resolución del banco.
El banquero subrayó que “no había agujero alguno en las cuentas de 2015 que dieron base a la ampliación de capital de 2016” y destacó que los peritos del Banco de España concluyeron que no era necesario corregir las cuentas de pérdidas y ganancias de esos años, pues desde una perspectiva contable, la situación presentada no requería ajustes regulatorios.
En el escrito, Ron volvió a remarcar la solvencia de la entidad en el momento de su resolución, también respaldada por informes de peritos del Banco de España, que indicaban un patrimonio neto de 11.000 millones de euros y beneficios anuales recurrentes antes de provisiones de más de 1.150 millones de euros.
También añadió que las pérdidas sufridas por los inversores, según afirman los mismos peritos, derivan de la decisión administrativa de resolver la entidad y no de irregularidades en la ampliación de capital de 2016 como se ha sugerido en algún momento.
Ron defiende así la ampliación de capital de 2016, a la que también concurrió junto otros consejeros de la entidad, en la cual invirtieron un total de 500 millones de euros, y afirma que él también es un “perjudicado” de lo que considera un “expolio del Banco Popular”.
Finalmente, Ron subrayó en su escrito el trabajo “arduo, muy profundo y riguroso” al frente del Banco Popular durante su mandato y criticó la duración de la investigación, que se ha extendido por casi siete años.
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