El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de un individuo que presuntamente se dedicaba a adquirir y distribuir pescado en mal estado a diversos restaurantes en los municipios de Madrid, Leganés, Humanes y Fuenlabrada.
La investigación se inició en febrero pasado cuando el SEPRONA recibió información sobre la retirada irregular y sin control de productos destinados al desecho. Tras revisar las imágenes de seguridad, se pudo identificar a un individuo con uniforme de trabajo que retiraba un contenedor de productos no aptos para el consumo humano.
Las vigilancias realizadas por los agentes permitieron identificar al principal sospechoso y a un colaborador necesario, empleado del depósito, que le ayudaba en la retirada de los contenedores y en el posterior reparto de la mercancía. El detenido eliminaba el etiquetado de las cajas de género desechadas, limpiaba el pescado sin ninguna medida higiénica y lo ofrecía a diferentes restaurantes haciéndose pasar por distribuidor sin las autorizaciones correspondientes.
El individuo vendía el pescado a varios bares y restaurantes a un precio inferior al del mercado, ya que supuestamente la fecha de caducidad del pescado era próxima. Esto ponía en peligro la salud de los consumidores y constituía una estafa para los establecimientos que creían estar adquiriendo producto en condiciones adecuadas.
Tras recopilar suficientes pruebas, los agentes solicitaron la inspección de once locales en Leganés, Humanes, Fuenlabrada y Madrid por parte del Área de Calidad Alimentaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Como resultado, uno de los locales fue precintado debido a su precaria situación higiénico-sanitaria. Además, se procedió a retirar 150 kilos de merluza que contenían larvas y estaban destinados a la venta en restaurantes.
Aunque este caso de distribución ilegal de pescado en mal estado ha sido preocupante, es alentador ver cómo las autoridades han actuado rápidamente para proteger la salud de los consumidores y asegurar que los establecimientos cumplan con las normas de seguridad alimentaria. Esta operación demuestra la eficacia de las investigaciones y la cooperación entre las instituciones para erradicar el fraude en el sector alimentario y garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de alimentos seguros y de calidad.
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